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En Colombia, el derecho a la muerte digna surge como la construcción de sentencias y reglamentaciones que buscan garantizar a los pacientes la posibilidad de decidir sobre el final de su vida.
Desde 1997, la Corte Constitucional ha sentado precedentes clave sobre este tema, comenzando con la despenalización del homicidio por piedad cuando es practicado por un médico y siempre bajo condiciones estrictas. Esta figura busca aliviar los intensos sufrimientos de personas que padecen enfermedades graves e incurables y que, de manera voluntaria, desean poner fin a su dolor.
El derecho a la muerte digna, según la Corte Constitucional, abarca varias dimensiones: los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico (es decir, no prolongar innecesariamente la vida mediante intervenciones que no mejoren la calidad de vida del paciente) y la eutanasia. Recientemente, en 2021, se reconoció también la asistencia médica al suicidio, que se diferencia de la eutanasia en cuanto a que el médico o médica no realiza directamente el procedimiento, sino que facilita al paciente los medios y la orientación necesaria para que sea este mismo quien lo lleve a cabo.
Aunque no exista una ley específica que regule la eutanasia, el Ministerio de Salud ha establecido lineamientos detallados sobre cómo debe realizarse: desde los requisitos de la solicitud y los plazos de respuesta, hasta la conformación de un comité interdisciplinario que evalúe cada caso. Esto significa que, en la práctica, el acceso a este derecho depende tanto del marco judicial como de la correcta aplicación de estos protocolos.
Es importante resaltar que la eutanasia y la asistencia médica al suicidio, son derechos fundamentales que pueden ser reclamados incluso mediante una acción de tutela. También existen herramientas como el documento de voluntades anticipadas, que permite a cada persona dejar por escrito qué decisiones quiere que se tomen sobre su salud en caso de no poder expresarlas en el futuro.
En Agón y Asociados entendemos que este es un tema sensible y profundamente humano; por eso, acompañamos y representamos a quienes necesitan hacer valer sus derechos en este proceso, con el compromiso de que cada paso se dé con respeto, claridad y respaldo jurídico.
