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¿Qué pasa cuando no se puede confiar plenamente en el sistema de salud?
En cuanto al caso que reveló que dos instituciones médicas —la Clínica de la Mujer y la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal)— vendieron medicamentos a precios exorbitantes, superando hasta en 1.000 % los valores permitidos por ley, vuelve a evidenciar un problema estructural: el desequilibrio entre lo normado y lo que realmente ocurre en la protección del derecho a la salud en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones cercanas a los 1.000 millones de pesos, recordándonos que contar con normas claras, no basta si el cumplimiento de estas falla.
El artículo 49 de la Constitución Política, establece que la salud es un derecho fundamental. De esa base, surgen diversas normas:
Además, los mecanismos excepcionales para entrega de medicamentos, como los regulados por la Resolución 1604 de 2013, aseguran accesos urgentes cuando son necesarios. Los servicios farmacéuticos deben cumplir funciones claras de dispensación y orientación al paciente, según el Decreto 2200 de 2005.
El caso de las clínicas sancionadas por la SIC, muestra fallas preocupantes. Vender medicamentos esenciales a precios de usura, afecta la equidad y acceso al tratamiento, sobre todo para quienes dependen de terapias continuas y costosas. Este tipo de prácticas agrava doblemente a pacientes vulnerables, desde sus condiciones de salud y desde sus circunstancias económicas.
A su vez, reportes recientes revelan una cadena fallida en la provisión de medicamentos: desabastecimiento, falta de entrega, burocracia y desplazamiento continuo del paciente entre EPS, IPS y farmacia. El resultado es una crisis silenciosa porque el sistema de salud no cumple, las barreras administrativas persisten y el paciente sigue pagando el costo.
Este contexto invita a una reflexión clara: las normas existen, pero deben respetarse y aplicarse. Exigir una publicación del derecho a medicamentos asequibles no es una posición política, sino un elemento esencial de justicia. Las leyes deberían ser garantía cotidiana, no estar supeditadas a la realidad económica o institucional.
En Agón & Asociados creemos que los derechos del paciente no deben quedar en solo palabras. Acompañamos a quienes enfrentan obstáculos legales para exigir lo que les corresponde, desde la entrega puntual de medicamentos hasta el acceso equitativo a tratamientos esenciales. Nuestro compromiso es poner la ley al servicio de la salud real y cotidiana.
